INMUEBLES INCAUTADOS POR LA PGJ FUNCIONABAN COMO REFACCIONARIA Y OFICINAS

Refaccionaria Jomali, ubicada en la calle Mario Trujillo García, ranchería Lomitas, Nacajuca.

Jesus Lopez

Elementos de la dependencia estatal
resguardan los inmuebles.

Villahermosa, Tabasco Mayo 23  .- Los inmuebles asegurados este miércoles por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), y que están ligados a la investigación sobre el desfalco al erario público de Tabasco por la pasada administración, operaban como refaccionaria y oficinas privadas.

    De acuerdo a los habitantes de la ranchería Lomitas en el municipio de Nacajuca, la propiedad que fue incautada sobre la calle Mario Trujillo García, y que tiene modernos acabados que rompen con el diseño sencillo del resto de las viviendas y negocios que ahí se localizan, funcionaba desde mediados de octubre del año pasado como refaccionaria automotriz bajo el nombre comercial Jomali.

La PGJ estableció vigilancia permanente.

     Este comercio, donde fueron localizadas cinco cajas de cartón conteniendo 88 millones 560 mil 134 pesos, presuntamente resguardados ahí por el ex secretario de Administración y Finanzas, José Sáiz Pineda, era atendido por al menos tres empleados, quienes todavía el martes abrieron de manera normal la refaccionaria, la cual a decir de los propios vecinos del lugar, era visitada frecuentemente por unidades  automotrices lujosas.

     Afuera de este lugar se localizó además una camioneta Nissan de redilas  color gris, con el número de placas VR-13-409 del estado de Tabasco.

      En tanto que, el edificio con el número 1113 de la calle Andrés Sánchez Magallanes, localizado en el centro de la ciudad de Villahermosa, donde operaba el despacho del ex titular de la Secretaría de Finanzas y fueron hallados documentos y equipos de cómputo, tiene un portón que impide la visibilidad hacia el interior, además de un sistema de cámaras de vigilancia. 

     Ambas propiedades permanecen resguardadas las 24 horas del día por elementos de la PGJ, en tanto se concluyen las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos al erario público que se les imputa a exfuncionarios de la administración estatal pasada.